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Se recibieron denuncias de que algunas constructoras obligan a los compradores a solicitar créditos financieros a través de determinadas entidades bancarias, en términos muy desventajosos para sus economías familiares

El Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) recibió 45 denuncias por cobro ilegal del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y 100 denuncias por incumplimiento de contrato contra empresas constructoras en el estado Bolívar.

Cualquier denuncia llamar al INDEPABIS - ARCHIVO

Así lo informó este viernes el coordinador del Indepabis en esta entidad, Milton Bracamonte, en rueda de prensa ofrecida en la sede del instituto en la capital del estado, Ciudad Bolívar.

El funcionario señaló que casi la totalidad de estas denuncias corresponden a proyectos de viviendas y urbanismos ubicados en Ciudad Guayana, municipio Caroní, ubicada a 100 kilómetros al Este de Ciudad Bolívar y a 700 kilómetros al sureste de Caracas.

Bracamonte acotó que los principales problemas evaluados en estos casos son el incumplimiento en los plazos de culminación y entrega de las obras, cobro del IPC y construcción de viviendas no aptas para ser habitadas.

También se recibieron denuncias de que algunas constructoras obligan a los compradores a solicitar créditos financieros a través de determinadas entidades bancarias, en términos muy desventajosos para sus economías familiares.

Las empresas Constructora 2005 y Construcciones y Contratos, C.A. (Conycon), se encuentran entre las denunciadas por las familias, informó.

"Estos son casos similares a los muchos que se vienen registrando a nivel nacional contra miles de familias que han gastado todos sus ahorros en la compra de una casa, la cual nunca reciben porque continuamente se les aplican incrementos del precio y se les piden cuotas especiales con diferentes excusas", resaltó.

Adelantó que el 90 por ciento de estos casos han sido elevados ante las instancias centrales, de manera de sustentar los expedientes abiertos contra las constructoras y determinar la presunta responsabilidad de las mismas en cualquier posible delito inmobiliario.

En este punto, recalcó que en apego a la normativa legal, estas empresas también tienen la oportunidad de defenderse de las acusaciones en su contra.

Recordó que el cobro del IPC en los procesos de adquisición de viviendas fue eliminado mediante la Resolución 110 del entonces Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (MOPVI), publicada en la Gaceta Oficial Nº 39197 del 10 de junio de 2009.

En esa resolución también se ordenaba a las inmobiliarias y constructoras la devolución del dinero cobrado demás a los compradores en un plazo de 10 días, posteriores a la publicación de la Gaceta Oficial, en los casos de viviendas construidas o por iniciarse a partir del 10 de noviembre de 2008 hasta esa fecha.

Al respecto, señaló que el Indepabis mantiene una vigilancia continua de los diferentes proyectos habitacionales que se ejecutan en el estado Bolívar, e invitó a la población a participar activamente en la denuncia contra las empresas que pudieran estar afectando los intereses de las familias que buscan un techo.

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